La legislación para trabajadores temporales deja a los inmigrantes vulnerables

Intermountain Catholic

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En un intento por dar alternativas para que los inmigrantes indocumentados logren alcanzar el estatus de legalidad, la legislatura de Utah aprobó la HB 116 la cual fue firmada y convertida en ley por el gobernador Gary Herbert. Aunque el intento de la legislatura pudiera ser reconocido, la ley está llena de defectos y sus efectos podrían llegar a ser devastadores para la ya vulne-rable población de inmigrantes indocumentados que viven en Utah.

La HB 116 otorga un permiso emitido por el estado, de trabajadores temporales para los inmigrantes indocumentados que actualmente viven y trabajan en Utah. La persona que quiera sacar un permiso tendrá que pasar una revisión de su historial criminal, pagar una multa al estado de mil dólares (si la persona entró legalmente al país pero nunca salió violando así la ley migratoria) y de dos mil quinientos dólares (si la persona ingresó ilegalmente a los Estados Unidos), así como presentar pruebas de seguro médico. El permiso será válido por dos años y puede ser renovado. Durante esos dos años la persona que obtenga ese permiso también necesitará aprender bien el inglés a nivel de preparatoria y mantener un empleo. La persona que obtenga un permiso de trabajador temporal puede solicitar un permiso para su familia. Sin embargo los permisos no estarán disponibles hasta que el gobierno federal le dé un permiso a Utah acerca de la Ley migratoria o hasta el 2013, lo que llegue primero.

Aunque los permisos parecen ser una buena idea las implicaciones prácticas del programa son totalmente problemáticas. Antes que nada la ley está constitucionalmente mal.

Como lo explicó la Oficina del Consejo General Legislativo y de Investigaciones durante la sesión del 2011. De acuerdo con los expertos en temas legales de inmigración estatal y nacional, la inmigración es un tema federal y debe, bajo la clausúla suprema de la constitución de los Estados Unidos, ser manejada a nivel federal. Para que el estado de Utah pueda emitir sus propios permisos el gobierno federal tendría que acceder a la prórroga de sus leyes migratorias y por lo menos darle al estado una porción de autoridad sobre la inmigración. Como los consejeros legislativos y otros abogados explicaron durante y después de la sesión legislativa no existe proceso o provisión en la ley fede-

ral para otorgar una prórroga en las leyes. Reconociendo esto la legislación aplazó la implementación de esta ley hasta el 2013.

En otras palabras, el estado tomó una decisión a largo plazo sin que se vea ninguna razón para esperar el éxito de la misma.

Este riesgo podría ser justificado si la propuesta no hubiera sido firmada y aceptada como ley. En el estado que se encuentra la situación los inmigrantes indocumentados son puestos en un terrible estado de incertidumbre, y más vulnerables ante las personas sin escrúpulos. No es difícil imaginarse a personas que quieran aprovecharse de la oportunidad que la HB 116 da para convencer a los inmigrantes de pagar dinero por asistencia con el proceso para obtener los permisos. Dado que la provisiones de multa de mil o de dos mil quinientos dólares una persona podría pedir a los inmigrantes que paguen esa cantidad por adelantado pase otorgarles el permiso justificando su cobro porque esa es la cantidad que la ley requie-re.

Desafortunadamente puede ser que los inmigrantes no sepan acerca de la multa de la ley y que los permisos no van a existir hasta que la ley federal tenga una prórroga.

Es así que los inmigrantes se quedan esperando recibir el prometido estatus legal, sin una cantidad significativa de dinero y sin poder buscar ayuda legal para reportar el fraude del que fueron víctimas. Por favor dénse cuenta que los inmigrantes indo-cumentados no deben pagar a nadie para obtener un permiso de trabajador temporal o por ningún otro permiso emitido por el estado, la HB 116 representa una gran apuesta para el estado de Utah que podría forzar a que el gobierno federal actúe con una Reforma Migratoria.

Mientras que la frustración de los oficiales electos en cuanto al gobierno fede-ral es entendible y compartida, el poner a individuos vulnerables en mayor riesgo del que ya están no es la mejor manera de expresar esa frustración.