Nueva ley en Utah demuestra desdén para los migrantes

Intermountain Catholic

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Most Reverend John C. Wester

Como mencione en una de mis columnas anteriores, entiendo los esfuerzos que el gobernador Gary Herbert y algunos de los legisladores realizaron para aprobar una legislación en cuanto a la inmigración más humana durante la sesión legislativa del 2011. Sin embargo, cuando el estado involucra en temas de inmigración federales generalmente hace que las cosas empeoren y la H.B. 497 Utah Illegal Immigration Enforcement Act no es la excepción.

Durante el debate migratorio tanto a ni-vel estatal como nacional, la Conferencia de Obispos Católicos, expertos en inmigración y la Diócesis Católica d Salt Lake City han tomado posiciones en contra de la aplicación de provisiones únicas. La versión de Utah de la propuesta 497 Utah Illegal Immigration Enforcement Act, fue firmada por el gobernador Gary Herbert para ser ya una ley que se pondrá en efecto a partir del 10 de mayo del 2011. Tal como la ley de Arizona, esta ley ataca a la población de inmigrantes vulne- rables sin reconocer el importante papel que estos desempeñan en nuestra sociedad.

La ley requiere que todas las personas de Utah porten una identificación y si no se enfrenten a cuestionamientos acerca de si estado migratorio. Bajo este estatuto los oficiales deberán pedir una identificación a cualquier persona que detengan o arresten. Si la Perón es arrestada por una felonía (tal como llevar consigo armas ilegales) o por un delito clase A (todos los casos que involucran drogas, acosos) y no portan una identificación, el oficial deberá verificar su estado migratorio. Si el delito es una ofensa tipo B (como lo es un asalto) o clase C (como lo es el (cruzar ilegalmente), el oficial deberá decidir si investiga el estado migratorio de la persona antes de arrestarlo. Si la perdona es arrestada por alguno de estos tres delitos el policía deberá verificar el estado inmigratorio.

El estatuto permite que los policías acepten como verificación suficiente que Las personas aseveren si son o no ciudadanos. El policía puede verificar el estafo migratorio de la persona solo por tener una duda razonable acerca de si la persona dijo o no la verdad.

Es ahí en donde radica el reto más grande de la ley. Que es lo que daría pie a levantar una sospecha razonable de si la persona dice o no la verdad acerca de su ciudadanía? Podría ser que la persona estuviera nerviosa y muchos ciudadanos de ponen nerviosos al ser interrogados por un policía. O podría ser que la persona caiga dentro de un determinado estereotipo relacionado con las personas indocumentadas. A pesar de que en la ley se señala que ni el color, ni el origen, ni la raza ni el país de origen deben ser determinantes para verificar el estado migratorio de las personas, la ley no marca un estándar determinado para que los policías usen al hacer tal determinación.

La Diócesis junto con la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y otros expertos en temas migratorios también se encuentran preocupados acerca del mensaje que esta ley envía. Mientras que en el estado de Utah se aprobaron otras dos leyes designadas a dar estatus migratorio a los trabajadores inmigrantes, ninguna de ellas entra en efecto hasta el 2013 y probablemente nunca sean puestas en acción a menos fe que el gobierno federal decida permitir que cada estafo experimente con programa de ciudadanía. Es así que durante los dos próximos años el único mensaje para la comunidad de indocumentados en Utah es uno de desden.

Mientras que apoyos la regla de la ley, no sótanos el actual sistema de inmigración que permite que los negocios sigan empleando y maltratando a los indocumentados y no da protección a los trabajadores. La

Ley migratoria debe reconocer que el beneficio de integra y apoyar las diversas personas y familias en nuestras comunidades y que todos fallamos cuando un grupo es tratado con desprecio y desconfianza.

La HB 497 es solo otro ejemplos el por qué una reforma migratoria a nivel federal es necesaria. Como estafo, necesitamos que los policías investigan las violaciones de las leyes crínales estatales, no los estatutos migratorios federales.

Y necesitamos leyes comprensivas que identifiquen el lado humano de la inmigración como nación y como estado debemos dejar de decir a los migrantes indocumentados que queremos los beneficios económicos que nos dan, mientras que al mismo tiempo les dice que están solos. Debemos recordar siempre que estamos hablando de seres humanos cuando discutimos sobre reformas migratorias, no solo de tintes legales o de impactos económicos.