La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y Catholic Charities USA se encuentran entre las más de 200 organizaciones no gubernamentales nombradas en una investigación del Congreso por ayudar a inmigrantes que sus líderes llaman “extranjeros inadmisibles” durante la administración del ex presidente Joe Biden.
El presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el republicano de Tennessee Mark E. Green, y el presidente del Subcomité de Supervisión, Investigaciones y Rendición de Cuentas, el republicano de Oklahoma Josh Brecheen, anunciaron su investigación el 11 de junio.
Según un comunicado de prensa del 11 de junio, “los presidentes están examinando si estas ONG utilizaron el dinero de los contribuyentes para facilitar la actividad ilegal, ya que la administración anterior incentivó a millones de extranjeros inadmisibles a cruzar nuestras fronteras -- muchos de los cuales fueron posteriormente ayudados por las ONG después de ser liberados en la frontera bajo las políticas de captura y libe-ración masiva de la administración Biden-Harris”.
Biden fue presidente de Estados Unidos entre enero de 2021 y enero de 2025. Le precedió y sucedió el presidente Donald Trump.
En las cartas enviadas a las ONG, Brecheen y Green “solicitan que cada ONG complete una encuesta que incluya preguntas sobre las subvenciones, contratos y desembolsos gubernamentales que han recibido; cualquier demanda contra el gobierno fe-deral de Estados Unidos que estén solicitando; informes amicus que hayan presentado en cualquier demanda presentada contra el gobierno federal de Estados Unidos.; cual-quier servicio legal, servicio de traducción, transporte, vivienda, refugio o cualquier otra forma de asistencia proporcionada a inmigrantes ilegales o niños extranjeros no acompañados desde enero de 2021; y más”.
La USCCB y Catholic Charities USA no respondieron inmediatamente a la solicitud de comentarios de OSV News. Caridades Católicas ha negado desde hace tiempo que facilite la inmigración ilegal.
En su sitio web, la USCCB afirma que la Iglesia Católica no apoya la inmigración ilegal, pero aboga por cambiar un sistema migratorio roto “para que las personas indocumentadas puedan obtener un estatus legal en nuestro país y entrar legalmente en los Estados Unidos para trabajar y mantener a sus familias”.
Antes de que la administración Trump suspendiera un programa federal de reasentamiento de refugiados y congelara los reembolsos federales, lo que llevó a la USCCB a reducir significativamente su personal, los Servicios de Migración y Refugiados de la USCCB se describieron a sí mismos como “la mayor agencia de reasentamiento de refugiados del mundo”, y dijeron que, en asociación con sus afiliados, reasentaron aproximadamente al 18 por ciento de los refugiados que llegaron a los Estados Unidos cada año legalmente a través de sus programas de refugiados.
En abril, la USCCB dijo que no renovaría sus acuerdos de cooperación con el gobierno federal relacionados con los servicios a la infancia y el apoyo a los refugiados después de que sus asociaciones de larga data con el gobierno federal en esas áreas se volvieran “insostenibles”.
Mientras tanto, los obispos están solicitan el reembolso de más de 24 millones de dólares de fondos federales por servicios ya prestados a refugiados, según previos acuerdos con el gobierno.
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