Por David Agren
Catholic News Service
CIUDAD DE MÉXICO — Clérigos del estado sureño de Chiapas en México han nuevamente advertido sobre una creciente crisis humanitaria tras un pleito territorial que ha dejado a unos 5,000 indígenas tzotzil desplazados y viviendo en las montañas para sobrevivir bajo condiciones frías y miserables.
Las advertencias surgen mientras la crisis ha cobrado por lo menos nueve vidas entre la población desplazada. Las víctimas incluyen un recién nacido, dos niños menores de 2 años y varios ancianos mayores de 70 años, según información difundida el 14 de diciembre por el padre Marcelo Pérez, sacerdote que atiende a los desplazados.
“¿Qué Navidad vivirán los de Chalchihuitán si se están muriendo?”, dijo padre Pérez en un emotivo mensaje de WhatsAPP.
“Basta ya de muertos en Chalchihuitán”, dijo del municipio donde han sucedido las muertes y los desplazamientos. “Son hijos de Dios, son humanos, tienen derecho de vivir”.
El conflicto en Chiapas surge de un decreto de 1973 emitido por la Secretaría de la Reforma Agraria de México, cuando esta estableció los límites entre los municipios Chenalhó y Chalchihuitán de Chiapas.
El desacuerdo con el decreto ha causado conflicto durante décadas en Chenalhó. El pleito más reciente comenzó en noviembre cuando los residentes de Chalchihuitán dijeron que fueron expulsados de sus tierras a punta de pistola.
Cáritas de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas ha pedido provisiones de alimento, medicina y albergue, pero sus esfuerzos fueron bloqueados en las carreteras por grupos armados en Chenalhó.
“La crisis humanitaria crece día con día por el desabasto … provocado por el bloqueo de los tres accesos al municipio de Chalchihuitán, sumado a los efectos de las lluvias, el frio y la condición de desplazamiento de numerosas familias, muy mayoritariamente del municipio de Chalchihuitán”, decía un comunicado del 12 de diciembre firmado por monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, administrador apostólico de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, y por el padre dominico Gonzalo Ituarte Verduzco, vicario diocesano de justicia y paz.
“Un grupo armado ha puesto impunemente en estado de sitio al municipio de Chalchihuitán y no entendemos porqué las autoridades estatales y federales lo han permitido”.
Un tribunal agrario decretó el 13 de diciembre sobre la disputa por 740 acres de terreno, pero esta vez a favor de los demandantes de Chenalhó, quienes argumentaron que el decreto de 1973 beneficiando a Chalchihuitán fue emitido erróneamente. Los gobiernos federales y estatales subsiguientemente ofrecieron compensación a 300 hogares y 15 millones de pesos ($785,000).
Es incierto si el decreto calmará la crisis. El comunicado diocesano pidió que todos los niveles del gobierno encuentren “una solución integral al problema, dado que en esta ocasión el conflicto se ha agravado más que en ninguna otra ocasión que se recuerde por la creciente participación de grupos armados”.
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